Se oyen sirenas de cambio en la normativa de extranjería.  

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Se oyen sirenas de cambio en la normativa de extranjería.  

En España, según las estadísticas, más del 13% de la población es extranjera, y principalmente la nacionalidad más extendida en nuestro español es la marroquí, seguidos por colombianos y rumanos. Estas cifras se han mantenido estables a lo largo de los años, y ponen de relieve la importancia de la inmigración en nuestro país.  

Recordemos que España ha sido un país principalmente de emigrantes, y si miramos en el corto plazo vemos como en España millones de personas se fueron principalmente a Suiza, Benelux (Bélgica, Países bajos y Luxemburgo), y Alemania a trabajar en la época de la posguerra cuando el hambre hacía uso de presencia en nuestro país. Y si miramos más atrás en el tiempo, están las grandes migraciones que se hicieron durante principios de siglo XX y finales del XIX a los países latinoamericanos como México, Argentina y Venezuela.  

Pero en los últimos treinta años (aproximadamente) el crecimiento económico de España ha atraído a muchísimas personas de otros países menos desarrollados que tenían el sueño de tener una vida mejor. Y por nuestro enclave estratégico como el país más al sur del continente Europeo somos el primer destino para aquellos inmigrantes africanos que buscan llegar a Europa, quedándose aquí durante incluso toda una vida.  

La inmigración es un tema candente en nuestra sociedad, ya que es un tema generador de alarma en el caso delictual, pero necesario si queremos mantener la balanza (ya desequilibrada de la Seguridad Social). En el plano delictual, ciertas nacionalidades se han ganado una mala reputación por ser tendentes a los delitos, y esto es algo peyorativo porque el porcentaje de extranjeros que delinque no debería de ser un estigma para el resto de personas de su nacionalidad que quieren trabajar.  

Pero es en el plano de la Seguridad Social donde poca gente pone el énfasis, y en realidad es muy importante. La sociedad española, como toda sociedad avanzada, ha llegado un punto en el que el número de nacimientos está por debajo del de las defunciones, lo que significa que nos augura el problema de la ausencia de relevo generacional, como está pasando en países tan avanzados como Japón.  

A grandes rasgos, nos quedamos sin jóvenes que ocupen los trabajos que dejan los mayores, y esto repercute de forma directa en el pago de las pensiones de los jubilados, porque recordemos que en España impera el principio de solidaridad, y las pensiones las pagan las generaciones que cotizan actualmente. Si no hay suficiente dinero, ¿Qué pasará?  

Recientemente, se han anunciado cambios importantes en la regulación de extranjería, que vendrían a ayudar a solventar esta situación. Hemos recibido la ayuda del despacho de abogados experto en Extranjería Abogados Watson, con sedes en Madrid, Marbella, Valladolid y Alicante, quienes nos han explicado de primera mano estos cambios, y os los contamos a continuación. 

La nueva regulación en la normativa de extranjería, al rescate.  

En primer lugar, a la hora de hablar de un cambio normativo, hay que estudiar cuál es el objetivo. En este caso, los cambios tienen como objetivo adaptar la normativa a los diferentes cambios que han acaecido en la jurisprudencia y en el seno de la Unión Europea, que van dirigidos a mejorar “las vías de entrada y permanencia regular, segura y ordenada; simplificar procedimientos administrativos; regular autorizaciones de residencia y trabajo para actividades de temporada; revisar los permisos y reforma los mecanismos para la expedición de permisos de residencia por circunstancias excepcionales.” 

Esto afecta directamente a cómo van a establecerse las vías de entrada y salida, aunque en este sentido España tiene las manos bastante atadas por el Código de Fronteras Schengen. Pero si parece que se quiere sustituir ciertos conceptos en la Ley que afectarían al registro de entrada y salida. También parece que vana a haber cambio en el régimen de las autorizaciones de regreso.  

Relacionado con esto último está el tema de los visados, que a pesar de que también hay una regulación europea que lo regula, España tiene más manga ancha a la hora de regular. De esta forma, se quiere unificar la regulación para mejorar la seguridad jurídica, clarificar el reparto de competencias entre consulados y las oficinas de extranjería cuya competencia recae en la Policía Nacional. Lo que se quiere es eliminar dobles comprobaciones de documentos que demoren los procesos de obtención de visados.  

Además, se quiere flexibilizar los documentos necesarios para flexibilizar los visados en casos de vulneraciones de derechos fundamentales o defensores de los Derechos Humanos. 

Por último, se quiere regular de forma más extensa, cambiando una gran parte del articulado de la ley, la forma en la que los extranjeros van a estar en régimen de estancia (menos de seis meses generalmente), y en régimen de corta y larga duración (más de 5 años en este último caso).  

Todo con el fin de facilitar derechos accesorios como es el caso de la reagrupación familiar, que está bastante ceñida lo que provoca quejas de muchos extranjeros. Y también ciertas restricciones a la hora de los límites geográficos y de trabajo en ciertos permisos de visado de un año.  

Como vemos, un cambio en la normativa puede facilitar la entrada de extranjeros en nuestro país en condiciones seguras y legales. Pero ya han aparecido voces en contra de estas modificaciones, si bien nunca llueve a gusto de todos. Habrá que ver el devenir de este proyecto de reforma y de sus consecuencias en la sociedad. Mientras tanto, ya estás al día de los principales cambios normativos que se quieren realizar en materia de extranjería.  

 

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